Argentina dio un paso concreto en su lucha contra el cibercrimen. La Procuración General de la Nación adjudicó un contrato para incorporar tecnología forense capaz de seguir el rastro de operaciones con Bitcoin y otros criptoactivos.
La decisión llega en un contexto de creciente sofisticación del delito digital en el país sudamericano.
Un paso técnico que redefine las investigaciones sobre Bitcoin y criptomonedas en Argentina
El rastreo forense de criptomonedas consiste en de cada transacción registrada en una blockchain pública. La técnica se apoya en algoritmos de clustering y bases de datos que asocian direcciones con exchanges, mezcladores o wallets sospechosas.
La licitación 12/2026 nació de una demanda concreta. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, conocida como UFECI, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos plantearon la necesidad de contar con herramientas equivalentes a las que ya usan sus pares europeos.
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El objetivo . La compra apunta a instalar capacidades permanentes de análisis blockchain en los laboratorios forenses del Ministerio Público, un salto cualitativo respecto de los peritajes ad hoc que dependían hasta ahora de proveedores externos ocasionales.
La firma Iafis quedó fuera de la competencia por un motivo económico. Su cotización superó los 155,000 dólares, un 36% por encima del techo aprobado. La normativa argentina de compras públicas fija un margen máximo del 20%, por lo que la oferta quedó automáticamente descartada.
Vec presentó una propuesta de 94,000 dólares y ganó la adjudicación. Los peritos técnicos revisaron el paquete y confirmaron que cumplía los estándares mínimos requeridos. La comisión evaluadora emitió el dictamen el 1 de julio de 2026 y recomendó formalmente la contratación.
¿Qué implica el nuevo software para el mercado cripto argentino?
Argentina es uno de los mayores mercados de Bitcoin y criptomonedas en América Latina. Más de 5 millones de personas operan con criptoactivos de forma habitual, según los reportes recientes de Chainalysis. Las stablecoins ganaron terreno como refugio frente a la volatilidad histórica del peso argentino.
El nuevo software eleva el estándar de rastreo forense a nivel federal. Los fiscales podrán realizar análisis blockchain internos sin depender de laboratorios extranjeros, agilizando causas por estafas piramidales, hacks a exchanges y desvíos de dinero vinculados a corrupción o narcotráfico regional.
El impacto sobre los usuarios legítimos será limitado. Las herramientas de rastreo forense operan sobre información pública de la blockchain y no vulneran la privacidad de quienes cumplen con las normativas de PSAV, la figura de los proveedores de servicios de activos virtuales registrados.
El efecto real recae sobre los actores irregulares. Exchanges no registrados, esquemas P2P opacos y estructuras de lavado con USDT enfrentarán mayor exposición. La Comisión Nacional de Valores ya endureció sus controles durante 2025 y esta compra acelera la profesionalización del ecosistema.
Para el mercado formal argentino, la señal es positiva. Un sector con mejor supervisión suele atraer más inversión institucional, alianzas con banca tradicional y confianza minorista. La adopción cripto podría consolidarse como uno de los motores financieros del país durante los próximos años.